Proponen diputados reformar leyes para proteger a jóvenes de la violencia

Chetumal.– Para prevenir la violencia contra las juventudes, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa conjunta presentada por los diputados José Luis “Chanito” Toledo, de Movimiento Ciudadano; Iris Mora Vallejo del PRD y Alberto Batún Chulim del grupo legislativo de MORENA, para reformar la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Quintana Roo, en materia de protección a la seguridad de las juventudes. En la sesión ordinaria número 22, los diputados Toledo Medina y Mora Vallejo, hicieron uso de la tribuna para exponer los argumentos a favor de la iniciativa, donde se detalla que la propuesta surge a partir del informe publicado por la organización “México Evalúa” que, de forma concreta, informa que cada 40 minutos muere un joven en nuestro país y durante 2018 murieron 36 mil 685 personas, de las cuales 4 de cada 10 fueron jóvenes entre 15 y 29 años. Es por ello que frente a este escenario de violencia estructural, los legisladores consideran indispensable rediseñar el esquema de competencias de las autoridades responsables de identificar los factores que motivan la comisión de delitos y generar acciones y políticas que los atiendan, estableciendo la obligación del Consejo Estatal de Prevención del Delito, para que formule acciones concretas para la prevención social del delito en poblaciones jóvenes a través de estudios multifactoriales.

Fundación de Playa del Carmen

Por otra parte, la diputada Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico e integrante del grupo legislativo del PAN, presentó una iniciativa de decreto para oficializar el 14 de noviembre de 1902 como la fecha de la fundación de Playa del Carmen, con el fin de preservar las tradiciones y de honrar a quienes han construido la historia de Quintana Roo. La propuesta se basa en diferentes documentos históricos recopilados por historiadores y cronistas de la ciudad de Playa del Carmen, en los que se narra que la fundación de la ciudad se debió a que en el siglo XX una compañía chiclera y de madera de la costa oriental de Yucatán, llegó a la villa de pescadores y logró la concesión para explorar recursos forestales en el año de 1908 durante el gobierno de Porfirio Díaz. Torres Gómez expone en su iniciativa, que Raymundo Tineo, cronista de Playa del Carmen y José Luis Acosta Quian, presidente de la asociación “Unidos por Playa”, se han dedicado a impulsar y preservar la memoria viva de la fundación de la ciudad, rescatando testimonios de gran parte de los pobladores originales, además de compilar material documental y fotográfico para sustentar el 14 de noviembre como la fecha de origen de la denominación de Playa del Carmen.

Contra la corrupción

En tanto, las diputadas Tepy Gutiérrez Valasis, Erika Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Paula Pech Vázquez, Reyna Durán Ovando y Fernanda Trejo Quijano, así como los diputados Edgar Gasca Arceo, Luis Fernando Chávez Zepeda y Alberto Batún Chulim, todos integrantes del grupo legislativo de MORENA, propusieron que los ayuntamientos de la entidad cuenten con comisiones específicas para el combate a la corrupción y para la protección de los derechos humanos de todas las personas. Al ser la corrupción y reconocimiento y protección de los derechos humanos, ejes prioritarios de la actual administración pública federal y principios rectores dentro del Estado Constitucional de Derecho Mexicano, es necesario que los gobiernos municipales cuenten con comisiones ordinarias específicas, al ser la instancia más cercana a las personas. A través de estas comisiones de regidores, se pueden promover campañas de difusión y promoción de los derechos humanos, fomentar acciones en favor de una cultura de respeto, o bien, dar seguimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos. Mientras que al contar con una comisión anticorrupción, se puede dar continuidad a las recomendaciones, observaciones y sanciones que realice la contraloría municipal a los servidores públicos del municipio, o bien generar programas en materia de combate a la corrupción a nivel municipal.

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